IV. Principios fundamentales

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El presente protocolo recoge la urgencia de establecer los elementos a partir de los cuales se buscará ante todo la tutela efectiva de los menores y el compromiso de garantizar su desarrollo humano, psicológico y espiritual conforme a la dignidad de la persona humana como parte integrante del mensaje evangélico y la doctrina social que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en el mundo.

Se pretende continuar con firmeza iniciativas de varios tipos con la intención de prevenir, reparar el daño y hacer justicia con todos los medios posibles; con el fin de promover la protección de la dignidad de niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad; además de cooperar con ese fin con quienes individualmente o en forma organizada persiguen el mismo objetivo.

Consideramos los actos de abuso sexual como delitos y pecados gravísimos, “que ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”11 y completamente opuesto y en contradicción a lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan: vigilar y proteger a los más vulnerables.

Las medidas disciplinarias que se han adoptado deben aplicarse a todos los que trabajan en las instituciones de la iglesia católica. Sin embargo, la responsabilidad primordial es de los obispos, sacerdotes, religiosos y otras autoridades. Por esta razón, la iglesia del Ecuador irrevocablemente y a todos los niveles pretende aplicar contra el abuso sexual a menores el principio de “tolerancia cero”.

Atendiendo las palabras del Romano Pontífice sostenemos que la responsabilidad “recae en primer lugar sobre los sucesores de los Apóstoles, elegidos por Dios para la guía pastoral de su Pueblo, y exige de ellos el compromiso de seguir de cerca las huellas del Divino Maestro”12.

Los Pastores, los responsables de las comunidades religiosas y las autoridades en general han de estar disponibles para el encuentro con los que han sufrido abusos y sus seres queridos a través de programas de atención pastoral.

Se pretende hacer todo lo posible para erradicar de la Iglesia el flagelo del abuso sexual a menores, y abrir un camino de reconciliación, curación y acompañamiento para quien ha sufrido abusos.

Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza. Por tanto, se dará prioridad a las presuntas víctimas y no a otro tipo de consideración de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, el encubrimiento del imputado o cualquier forma que atenúe la gravedad de los hechos.

Es urgente que todos los bautizados se sientan parte de esta transformación eclesial y social; se trata de considerar esta problemática como propia, es un deber de todos, comenzando por los laicos, donde quiera que esté la Iglesia, porque cada herida hace sangrar a toda la Iglesia (1 Cor 12,26).

Pretendemos dar vida a una cultura capaz de evitar situaciones dolorosas de tal manera que no solo no se repitan sino que no se hallen espacios para ser encubiertas o perpetuadas.

Consideramos que cualquier atentado a la dignidad de la persona no va nunca en prescripción.

Determinamos la solidaridad como un valor primordial donde las víctimas hallen protección y fortaleza. La Iglesia les brindará todo el apoyo necesario con la acogida, escucha, seguimiento y el acompañamiento de expertos.13

Reconocemos el derecho de las autoridades competentes, tanto de la Iglesia14 como del Estado, a actuar según las normas vigentes en su propio derecho, y nos comprometemos a brindarles la colaboración para que puedan desarrollar las investigaciones e instaurar los procesos administrativos o judiciales que juzguen oportunos hasta el total esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de responsabilidades y la imposición de las sanciones que correspondan a los autores o cómplices de abuso sexual a niños/as, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Consideramos que la mejor forma de prevención es la formación y el especial cuidado que se ponga en el momento de la selección de colaboradores que sean responsables de menores.

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